Estafa al transporte público por goteo.

Hace algunos meses se difundió la preocupación de las estafas al sistema de transporte público colectivo de la Ciudad de México a través de la venta ilegal de tarjetas pre-pagadas. Aquí el vínculo a la nota:

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¿Le impresiona a Usted esta estafa?

La CDMX tiene uno de los controles más fuertes sobre la tecnología del transporte público. Tanto las tarjetas de Metro y Metrobús, tienen una de las tecnologías más avanzadas en tarjeta. Aún así, hay un negocio alterno de venta de boletos o tarjetas pre-pagadas que logran burlar esos sistemas, quizá en contubernio con algún funcionario que haya tenido acceso básico para la tecnología (no necesita ser de alto nivel).

¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia si en 8 años no han “logrado” detener la simulación de recarga? Por cierto, le ha sucedido a todos los sistema de transporte más grandes del mundo, que gracias a esas experiencias sabemos hoy lo que debemos cuidar de un sistema de recaudo.

Quienes se benefician son particulares atrás del negocio. En el caso de la CDMX donde los sistemas tienen subsidios altos de gobierno, la pérdida de “dinero ingresado al sistema” pareciera menor. Tan solo el metro tiene 5 millones de viajes diarios y Metrobús ya le llega al millón (pasaditos), pero qué pasa en ciudades con menos controles, sin autoridad o con contratos laxos o inexistentes con respecto a la tecnología de recaudo.

¿Cómo sería? Imaginemos.

Recaudo sin control en una ciudad imaginaria

Imagínese que una ciudad tiene tarjeta de prepago, que esa tarjeta no tiene tecnología de punta, ni tecnología certificada. Que el proveedor de la tarjeta es dueño del software de la tarjeta, del código fuente de la tarjeta, de las maquinas de recarga, del control de los pasajes, y de decirle a los concesionarios cuantos dinero ingresaron o gastaron las personas usuarias.

Esta persona es juez y parte, tiene el poder de quedarse con todo el dinero que se ingresa en las tarjetas porque es el único que ve los pagos: el que hace la persona en el punto de recarga (Oxxo, Kiosko, 7Eleven, maquina en la calle), el que hace la persona al abordar el autobús, el que se le debe hacer al concesionario dependiendo del numero de personas que abordaron el autobús.

Por ejemplo: un ciudadano pone 100 pesos en una tarjeta, el operador del recaudo registra que solo ingreso 80 y eso le dice al concesionario. O bien, vende tarjetas con dinero por fuera, las personas usan el servicio, pero al concesionario le dice que el sistema no reporta que se halla usado el servicio. Como es un sistema cerrado y manipulable, no hay forma de comprobar que no sea así.

Ahora imagínese que el contrato con esta empresa no existe, que la autoridad no tiene control o supervisión sobre la tecnología, sobre las cuentas, y sobre el buen uso del dinero que pagan por anticipado las personas usuarias. Integre a esta imagen el hecho que los operadores de la empresa son algunos concesionarios que usan su poder político para que el gobierno acepten tener un negocio andando sin reglas, sin supervisión, sin control, sin posibilidad de cuestionarlo. Imagínese que el único control de calidad es decir que la empresa está constituida con catedráticos de alguna institución académica que nadie se atrevería a cuestionar.

¿Usted dónde cree que sea más fácil que la estafa se haga?: En esta ciudad, o en la Ciudad de México

Tarjeta de pre-pago: cuando la corrupción se disfraza de tecnología

Tomemos como ejemplo Manzanillo. El puerto tuvo el primer sistema de recaudo electrónico del estado. Un gran avance. Para las personas usuarias es y será mucho más cómodo pagar con la tarjeta que traer el dinero en efectivo, particularmente cuando puedes tener acceso a puntos de recarga fácilmente por la ciudad.

Los primeros beneficiados fueron las personas que acceden a la tarjeta preferencial, y sin duda es mejor la tarjeta que andar comprando boletos. Para los concesionarios significó un dinero seguro, sin fugas, controlado y que además permitía conocer exactamente cuantas personas con tarifa preferencial se subían al autobús.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Lo es cuando el sistema tiene transparencia, actores que hacen su trabajo y hay controles por parte de la autoridad. Pero en el caso de Manzanillo no es así, y la estafa es a cuenta gotas, constante y ha llevado a exigir transparencia por parte de los concesionarios que identifican que el flujo sin control de los recursos del recaudo dejó de dar beneficios a todos para hacerlo solo a unos cuantos.

En Manzanillo diariamente se hacen (números cerrados) 100 mil viajes. 12% son estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. 12 mil viajes. Cada persona recarga a la semana en su tarjeta… ¿Cuánto? ¿Para 10 viajes?, estos son: 324 mil pesos semanales, casi 1.3 millones al mes, 15.6 millones de pesos anuales. Ahora imagínese que esta cuenta donde se depositan los 15.6 millones de pesos anuales esté a nombre de una persona física o moral que no se puede auditar.

Las personas no gastan todos sus pasajes que tienen en la tarjeta o bien llegan a perder la tarjeta sin la posibilidad de recuperar el dinero que tenía registrado. Este dinero que aún no se usa o que ya no se usará se le llama «floating» o dinero flotante que debería estar guardado en un cuenta. Esta cuenta matemáticamente no puede estar en números rojos, ya que es PRE-PAGO, en decir, “pago algo que aún no uso, pero lo tengo guardado”. Sin embargo lo está, o se queda “sin efectivo” para poder pagarle a los concesionarios lo que les corresponde.

Además de la total discrecionalidad en el manejo de la información, los concesionarios deben pagar un dinero extra por la administración diaria por tener sus equipos y el control de los movimientos cada día por autobús (ni a Metrobús ni a Obama le cobran tanto por la administración del recaudo), este dinero que cobraba como cuota para «permitirles» salir a trabajar. Este dinero también genera intereses, flujo de efectivo sin revisión, sin rendición de cuentas, sin pago de impuestos. Esto ha llevado a una gran inconformidad justificada de concesionarios que puntualmente pagan sus servicios, pero que no reciben a tiempo el pago de los pasajes a través de la tarjeta.

Las personas usuarias no se dan cuenta de esto. Para ellas, mientras el pasaje se siga cobrando de la tarjeta es lo mejor. Pero debemos cuestionarnos si es importante o no conocer que se hace con ese dinero, y que realmente el pago de la tarifa a través de las tarjetas esté permitiendo mejorar el servicio y no ser una caja chica para pagar gastos no relacionados con el transporte, tales como apoyos políticos, uniformes de equipos de fútbol, carnes asadas o viajes de placer.

El transporte público, tierra común de lo ilegal, lo que ya es mejor no cuestionar

Entonces me pregunto: ¿Porqué nadie se interesa en defender el dinero de los estudiantes? ¿Porqué tener las tarjetas es más que suficiente, sin cuestionarse si todo el sistema es limpio, transparente, controlado, seguro? ¿Es ético que vinculen a la institución académica solamente para que nadie se atreva a cuestionar al sistema de recaudo? ¿Porqué si no nos da fastidio a nuestro bolsillo, este conato de corrupción pasa tan desapercibido?¿Será que hay corrupciones naturalizadas que ya mejor dejamos pasar?

Hace poco leí «el transporte público es percibido por la gente como un sector corrupto, donde hay impunidad, la ley no se respeta, entonces ha dejado de ser de nuestro interés que cualquier cosa se respete mientras esté vinculado al transporte público». Este texto refería a temas de violencia y acoso en el transporte, pero creo que es válido para todos los temas relacionados la transporte. Es por eso que las luchas por la legalidad y el estado de derecho en este sector se perciben como perdidas, «así son las cosas», «es que hay muchos intereses, déjalo así mejor».

Como decía uno de los concesionarios promotores del sistema: «La arquitecta cree que estamos en la Ciudad de México, no tiene dimensión de nuestra realidad».

Posiblemente no. Lo que si tengo es la dimensión de la corrupción aún arraigada y tan defendida por tantos políticos del transporte, la dimensión del abuso que se ha dado por años a tantos concesionarios que no pueden ni alzar la voz, la dimensión de lo que significa poner el dedo en el renglón y terminar acusada de corrupta. Basta sembrar una idea para que la búsqueda por la transparencia acabe.

A lo mejor a Loret de Mola le interesaría investigar cómo los sistema de recaudo en el transporte público en México comienzan a diversificar su ingreso, con sistemas de recaudo en lo oscurito, por ejemplo. ¿Quiere saber de qué tamaño es el interés? Siga el flujo del dinero.

¿Qué puede hacer el gobierno al respecto?

Mucho.

– Los marcos legales del transporte y la movilidad pone candados regulatorio a todo el sistema, la Ley de Movilidad en Colima ya lo hace.

– Se avanza en la obligación de transparentar todo el sistema.

– El gobierno tiene la facultad de ordenar una auditoría al sistema, no solamente de flujo de recursos, pero también de seguridad tecnológica.

– Puede emitir la Norma Técnica de Recaudo, evitando que cada proveedor quiera venderle a gobierno el traje a la medida de las necesidades del proveedor, y no del sistema de transporte.

– Puede asegurar que el dinero del recaudo llegue a un Fideicomiso con la obligación de transparentar el uso de los recursos.

– Puede a través de este Fideicomiso licitar la contratación a la mejor empresa de recaudo, de forma abierta, transparente y que gane el mejor, el que ofrezca el mejor servicio, la más alta tecnología y seguridad al menor costo, y no al que más le tenemos «cariño» aunque nos salga caro.

¿Qué puede hacer una empresa de recaudo para el estado?

Mucho más de lo que hace ahora.

1. Servicio de pago electrónico en tiempo real

2. Hacerse cargo de la red de recarga de tarjetas: acuerdos con tiendas, maquinas expendedoras, control de efectivo a bordo, además del movimiento de valores al final del día y el depósito final al banco. Es decir, choferes sin acceso al dinero, choferes que no correrán riesgo de robo, choferes que no ordeñarán las ganancias del día, choferes cuyo objetivo será cubrir la ruta, y no terminar la ruta cuando ya tuvieron suficiente dinero para el día, sin importar si los usuarios siguen requiriendo el servicio.

3. Proveer de las tarjetas, credencialización, actualización, reposición o hasta programación para que tu propio teléfono sea tu tarjeta de pre-pago (Nota: hoy hay ya tarjetas personalizadas que si Usted la pierde, no pierde su dinero; o si usted mañana cumple 65 años, automáticamente le hará el descuento por ser un nuevo adulto mayor, etc.

4. Instala y mantiene los equipos de monitoreo, conteo de pasajeros, validadores de tarjetas a bordo, etc.

5. Programa de gestión de flota para las empresas concesionarias

6. Establecer sistema de vídeo vigilancia en los vehículos

7. Acondiciona un Centro de Control para la Operación del Transporte en tiempo real para la autoridad y para los concesionarios en sus empresas. Todos ven lo mismo, todos se controlan.

8. Administración financiera, es decir, saca las cuentas de forma transparente para todos los actores.

Y alguna cosas más que van surgiendo en el mercado todos los días.

¿Pero eso se contrata junto o por separado? Todo junto. #AllInclusive, como los hoteles de Manzanillo.

¿Cómo se financia lo anterior?

Hay muchos modelos:

Opción 1: Pago mensual por TODO el servicio. La empresa invierte todo el capital y el gobierno y los concesionarios reciben en comodato el equipo / tecnología que se instala a bordo. La empresa recupera su inversión a través de un contrato de concesión por el servicio de recaudo por el tiempo que requiera la empresa la recuperación de su capital de inversión inicial. En esta opción el pago mensual suele ser mucho más alto que las opciones siguientes, aunque depende del tiempo de la concesión, es decir, del tiempo de recuperación de la inversión.

Nota para las siguientes opciones: Generalmente el pago mensual es un porcentaje de lo recaudado por la tarifa: del 3% al 8% en el peor de los casos. Este % debe definirse como propuesta de la empresa en el proceso de licitación, donde además demuestra la cantidad de la inversión que hará y el tiempo que requiere para recuperarla. El porcentaje se cobra directamente del Fideicomiso (cuenta bancaria) donde se depositan todos los ingresos, entonces el concesionario, ya no lo saca de su bolsa. Mayor cobertura del recaudo menor el porcentaje. A Colima le conviene integrar todo el estado, en lugar de hacerlo ciudad por ciudad con proveedores diferentes. Temas de economía de escala, eficiencia y sobretodo integración.

Opción 2: Las empresas concesionarias que operan el transporte (mejor conocidos como transportistas) compran la tecnología (los fierros), y la empresa de recaudo se encarga del resto a través de un pago mensual (menos a la opción 1) por TODO el servicio, a través de una concesión por el tiempo que requiera la empresa la recuperación de su capital de inversión inicial.

Opción 3: El gobierno es el que compra la tecnología que se instala abordo de los vehículos (los fierros), y la empresa de recaudo se encarga del resto a través de un pago mensual (menos a la opción 1) por TODO el servicio, a través de una concesión por el tiempo que requiera la empresa la recuperación de su capital de inversión inicial.

Opción 4: Además de las anteriores, el gobierno puede subsidiar parte del pago mensual al operador o empresa del recaudo. Sin embargo para esto requeriría definir una partida presupuestaria y mantener el flujo de pagos PUNTUALES al Fideicomiso, que en este caso tendría que ser público y no privado.

Opción 5: Las que se sigan diseñando siempre en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas claras y la sostenibilidad financiera de todos los actores.

En todas las opciones el instrumento jurídico que ayuda a esta relación es y será siempre un contrato auditable, transparente y respetando todas las leyes: ya sea como concesión o como contrato de servicios.

¿Usted quisiera esto para su ciudad?

La mesa está puesta para dar pasos contundentes hacia un sistema más transparente, que facilite cada vez más el acceso a las personas que lo usamos, y que ayude a tener certeza financiera a las empresas concesionarias y a las personas conductoras. Todas las ciudades que lo han implementado, no han mirado atrás, solo hacia adelante, hacia la mejora y hacia una mayor seguridad para todas las personas.

En Colima, esto lo contempla la Ley, el proyectos de modernización y la voluntad de muchos concesionarios en tomar pasos contundentes hacia un mejor sistema de transporte con estricto apego a la legalidad y a la transparencia. #SiLosHay

El acceso a estos beneficios está a un paso de distancia, pero con transparencia, con legalidad, con rendición de cuentas, con profesionales, sin empresarios improvisados, pero sobretodo con autoridades que se pongan del lado de la personas que todos los días pagan puntualmente su pasaje por un servicio que podría radicalmente cambiar su calidad a mejor.

Colima se trazó como meta ser un estado que esté entre los 5 mejores sistemas de transporte en México. Ya lo logramos a nivel legislativo, institucional y programático, es decir, de congruencia de política pública. Sin embargo, de no atenderse estos temas seguiremos rezagándonos hacia los últimos lugares.