Hace un par de semanas el periodista Héctor Zamarrón llamó “ciclistas domesticados” a los activistas de la bici, refiriéndose a la actual falta de acciones de guerrilla y desobediencia urbana que ponen a la luz pública los problemas urbanos de la movilidad.
Muchos compañeros y compañeras de la movilidad se sintieron ofendidas por semejante afirmación, la cual en lo particular me parece acertada y provocativa. Logró que quienes nos dedicamos a esto nos cuestionáramos si hay o no una domesticación, si es válido o no, o de quién es la responsabilidad de asegurar que siga existiendo la guerrilla urbana desobediente que haga evidente la falta de acceso al derecho a la movilidad, cuando los y las “domesticadas” hemos encontrado otros espacios de influencia para la lograr la misión.
Para aportar a la conversación ofrezco mi visión “chapulinezca” como alguien que pasa de la academia a la función pública, a la sociedad civil y luego al activismo de calle y de regreso a la función pública. El objetivo es hacer lo posible para que las batallas sociales lleguen a ser políticas públicas con impacto, considerando que dentro de la función pública hay una batalla más silenciosa e institucional que puede ser difícil de ganar sin la presión social externa que pone los temas en el radar de los tomadores de decisión.
¿Qué motiva a un político a tomar decisiones de presupuesto en favor de proyectos de movilidad urbana y transformación del transporte? Se lo preguntamos a exfuncionarios de primer nivel como presidentes municipales, gobernadores, secretarios de finanzas, legisladores vinculados a la definición del presupuesto federal en el marco de un estudio que publicaremos próximamente sobre políticas de movilidad en México.
Sin adelantar los resultados finales, un elemento clave es el papel que juega la sociedad civil y el activismo de desobediencia urbana para poner en el mapa las necesidades de la población y colocarlas en los temas prioritarios por atender. Cada uno de los entrevistados ha nombrado a pequeños grupos de activismo local que hicieron algo puntual o de forma recurrente para evidenciar una necesidad social: la recuperación de ríos urbanos, las redes de ciclovías, el abatimiento de puentes peatonales, la intervención de cruces seguros, la compra de vehículos para el transporte de personas con discapacidad, etc. Dudo que muchas de estas acciones de gobierno hayan dado el reconocimiento a quienes pusieron el tema en la mesa, o bien, que quienes pusieron el tema en la mesa sepan que las decisiones se tomaron o se dejaron de tomar gracias a sus acciones.
Esta falta de comunicación o reconocimiento del valor de la desobediencia urbana hace que los grupos de activismo se cuestionen constantemente si realmente tienen impacto, o si deberían buscar otros mecanismos para lograr influencia. Hay dos caminos posibles: 1) cambiar tu rol de guerrillero urbano por conciliador urbano, buscando aliados dentro de los gobiernos que desde un espacio cerrado pueda construirse un diálogo más directo con las autoridades, hablarles al oído, ser su Pepe Grillo; o 2) pasarse al “lado obscuro”, ser parte de la función púbica para tener una influencia más directa sobre la política a implementar.
En el primer caso se han ubicado muchas personas que se han puesto el saco de la “domesticación” de la que hablaba Zamarrón. No es dejar de creer en la causa, si no evolucionar hacia otras formas de influencia, dentro de las cuales entra la posibilidad de esbozarle a la autoridad parte de la política que se quiere ver implementada. Esto cuesta más dinero que sólo salir a la calle o armar un picnic en el río. La búsqueda de aliados y de recursos obliga a la moderación de las acciones, de los mensajes públicos y de la desobediencia. La obtención de recursos generalmente van condicionados a la obtención de impactos importantes medibles, acciones de política que saltan del papel a la realidad, lo que obliga a que la desobediencia y la confrontación pública sea cada vez menor. Sin duda es una elección, y hoy no tenemos posibilidades de saber si las acciones de desobediencia pública tienen más impacto que las de obediencia con independencia.
Esto nos lleva a pensar en la segunda opción: aceptar un puesto en la función pública. Cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase: “si tanto quieres que cambien las cosas, vente a trabajar aquí (gobierno) para que sepas lo que es cambiar las cosas”. Y así muchos decidimos aceptar el reto de entrar en la función pública, convirtiéndonos en los interlocutores de nuestros propios compañeros de guerrilla, siendo una bisagra que contiene la frustración de ambos lados de la puerta. Sin abundar sobre las dificultades que esa transición representa, en los últimos años se puede evidenciar que las políticas públicas presentan transformaciones importantes gracias a esta ola de “chapulines” que saltan de la sociedad civil al servicio público. Particularmente, durante los periodos de 2016 y 2017 se incrementó el financiamiento estatal y federal para proyectos ligados a las luchas sociales del activismo urbano.
La desobediencia urbana, la conciliación intermedia y la participación en la función púbica son de tres patas de un banco que requiere mantener el equilibrio y lograr así los cambios que queremos.
El escenario político que nos trajeron las elecciones de 2018 prevé que exista una salida masiva de desobedientes urbanos a puestos públicos que puede considerarse la evolución natural del activismo de calle a la responsabilidad directa atrás de las decisiones de política pública. Zamarrón evidenciaba si no estaremos perdiendo el equilibrio y desapareciendo la desobediencia que hace que un tomador de decisiones detecte en su radar las prioridades sociales. Yo creo que sí, y debemos reflexionar al respecto, incluyendo a aquellas instituciones que ofrecen financiamiento para influir en la política pública, transmitiendo que las acciones de influencia no necesariamente se hacen a puerta cerrada, si no también en la calle.
Hoy hay más políticos que proponen una mejora en la infraestructura peatonal o ciclista. Cada vez es más difícil abstraerse a esta ola de cambio. Sin embargo, esta ola sigue sin tocar otros temas torales de la movilidad urbana como la seguridad en el transporte público, su operación informal y lo que eso significa para los y las trabajadoras del sector, la violencia contra las mujeres en el espacio público y los mínimos estándares de calidad del transporte público en todo México, etc. Un entrevistado mencionó: “Hoy, hacer una ciclovía atiende una necesidad y es más rentable políticamente. Por el contrario, modernizar el transporte público sigue estando abajo de otras prioridades de la gente, es más costoso de implementar y lleva muchos costos políticos en muy poco tiempo, porque además los que salen a la calle son los que no quieren el cambio del estatus quo”.
Domesticarnos como ciclistas no debería ser un abandono de las demás causas de la movilidad. En México 50 millones de mexicanos nos movemos en un transporte público de baja calidad, inseguro que atenta contra el ejercicio pleno a nuestros derechos humanos. Desobedecer las reglas para hacer evidente esta necesidad es nuestra tarea. ¿Cómo re-iniciamos?
Gis Méndez 