Financiar la movilidad en México

A pesar del pesimismo, el financiamiento a la movildad va en aumento.

“En México no hay financiamiento para la movilidad urbana, o al menos no el suficiente”. Es una frase recurrente entre las personas que promovemos políticas y proyectos de movilidad en las ciudades mexicanas.

Sin embargo a través de un análisis de la aplicación del presupuesto federal y estatal durante el periodo de 2013 a 2017 nos cuenta una historia diferente que muestra que, a pesar de todo, el financiamiento va en aumento. Tan sólo de fondos federales emanados de los ramos del 4 al 43, del 2013 al 2014, el presupuesto modificado para proyectos de movilidad se había quintuplicado, lo mismo para el 2015 y 2016, teniendo su récord histórico para el 2017, que había pasado de 523 millones en 2013 a aproximadamente 40 mil millones de pesos.

Debemos considerar además el gasto público de las entidades federativas y las inversiones realizadas a través del Fondo Nacional de Infraestructura con el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, pero ¿en que se ha gastado el dinero de la movilidad?

Considerando que la mayor parte de los recursos se va regularmente a pavimentaciones, banquetas e infraestructura exclusiva para el automóvil, a través del análisis de la cuenta pública del presupuesto federal nos cuestionamos: cuáles son los rubros o proyectos que más incremento han tenido, cuáles son los estados que han concentrado este incremento y qué otros factores están interviniendo para que la toma de decisiones para el financiamiento haya cambiado.

La movilidad urbana y particularmente la sustentable (caminata, ciclista y de transporte público colectivo de calidad) ha sido el resultado de políticas y acciones impulsadas con el convencimiento principalmente por los gobiernos locales quienes son los encargados de navegar entre diferentes reglas de operación para el acceso a recursos con la finalidad de financiar los temas que consideran prioritarios en movilidad.

Esto se ve desde la transformación del diseño institucional para la movilidad: el crecimiento de los Institutos de Planeación, la creación de áreas municipales de movilidad, la transformación de las Secretarías de Movilidad en los gobiernos de los estados, y las legislaciones estatales en la materia, ha ido incrementando constantemente durante los últimos 10 años.

Así también la demanda de financiamiento para transformar calles, corredores de transporte, redes de infraestructura peatonal y ciclista, infraestructura para el apoyo de la operación del transporte público y hasta los apoyos para la adquisición de flota más eficiente y más amigable con el ambiente.

Financiar la movilidad en México no es fácil, pero no es imposible. Aún cuando en 2013 los fondos del ramo 23 y 33 se consideraban las únicas fuentes de financiamiento para la movilidad, en 2017 podemos mostrar que más de 14 fondos diferentes intervienen en apoyar la implementación de la política de movilidad: desarrollo urbano, turismo, salud, cultura, medio ambiente, gobernación, todos en conjunto han financiado proyectos urbanos por una cantidad casi equivalente a la que ha destinado la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para carreteras vinculadas a las áreas urbanas.

No es que se haya planeado así, pero denota una tendencia en vincular a la movilidad como una política social, que tiene impactos más allá de los metros cuadrados de pavimento. ¿Es el entendimiento de las políticas de movilidad como un factor integral de las ciudades, o es oportunismo político para el acceso a mayores recursos?

Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario ir más allá del cuestionar si se ha gastado más o menos en movilidad urbana sustentable con respecto a otras administraciones o nuestras propias aspiraciones. Tenemos varias hipótesis:

  1. Cada vez más los gobiernos locales impulsan proyectos de movilidad sustentable que, al no existir un fondo dedicado, deben ejercer su creatividad para gestionar la integración de diferentes fuentes de financiamiento que tienen como objetivo otro tipo de políticas.
  2. El acceso al financiamiento no tiene una sola ventanilla, por lo que es difícil evaluar la eficacia del ejercicio presupuestal monitoreando sólo los fondos más compatibles con la política de movilidad, tales como el Fondo Metropolitano, el Programa de Infraestructura y el mismo Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo.
  3. La apertura al financiamiento de proyectos de movilidad desde fondos alternos ha logrado ampliar el abanico de oportunidades que puede representar o la dispersión de las fuentes de financiamiento y dificultad de implementación de proyectos, o la capacidad de capitalizar cada vez más el ejercicio de los recursos. Donde ya hay un peso, es más fácil que lleguen dos o tres más.

De qué depende que los gobiernos locales estén invirtiendo y gastando más en proyectos de movilidad sustentable; qué está motivando a las y los tomadores de decisión a emprender este camino tortuoso hacia la búsqueda de recursos para la movilidad; y qué características tienen los gobiernos locales que han logrado que esta tendencia se convierta en un esfuerzo continuo y de política pública institucionalizada hacia la movilidad sustentable.

Analizar la forma en la cual las y los tomadores de decisión estamos colocando el dinero en mejorar la movilidad diaria de más de 103 millones de mexicanos es entender el camino que sigue la implementación de las políticas de movilidad sustentable.

Estas y otras preguntas son las que estamos contestando a través del análisis de la implementación de políticas y proyectos de movilidad en México que presentará la SEDATU en algunas semanas. Sin embargo, podemos adelantar algunas tres reflexiones producto de nuestras conversaciones con tomadores de decisión, aquellos que han logrado identificar la necesidad por una movilidad más digna, han asumido los costos políticos de empezar o han retomado los esfuerzos de administraciones pasada para continuar un camino de transformación de la movilidad en México.

  1. Gastar en movilidad urbana sustentable entendida como mejorar calles, incrementar las redes de infraestructura vial segura (para peatones y ciclistas), mejora del transporte público colectivo y/o masivo, y recuperación de espacios públicos, es una necesidad social que cada día adquiere una voz más fuerte que es imposible de ignorar desde el punto de vista político. Ver que una mejora es posible aumenta la aspiración por ciudades más centradas en las personas. Esta aspiración convertida en demanda social es la que lleva a los tomadores de decisión a implementar más proyectos de movilidad.
  2. Esta necesidad social comienza a tomar forma en diferentes sectores de la política que pasan por la intervención de nuestros sistemas de movilidad: desde la necesidad de tener zonas atractivas para el turismo, pasando por acciones para prevenir hechos de tránsito, promover el acceso a zonas culturales, vincular zonas de desarrollo económico rural, erradicar la violencia contra la mujer en los espacios públicos, etc. El camino más fácil parece ser la diversificación el acceso a las fuentes de financiamiento, cuando las fuentes flexibles y no negociables como el Fondo Metropolitano, van en decremento.
  3. Para los proyectos de modernización del transporte público, los gobiernos locales no pueden seguir asumiendo solos los costos políticos de iniciar la transformación. Es necesario que el gobierno federal apoye con un rumbo de política que ponga énfasis en recuperar la rectoría del estado para mejor la calidad del servicio, elevar la conciencia social sobre los valores colectivos y lograr dar acceso a los derechos fundamentales de las personas.

Hoy la inversión y el gasto que se realiza no es suficiente para satisfacer las demandas de seguridad, tranquilidad y felicidad de las personas. La ciudadanía se apropia cada vez más de esta demanda aspiracional de tener más derecho a la ciudad, entendiendo que no es un lujo, es un derecho.

Esta llegando el tiempo en el que las personas demandamos ciudades más seguras, incluyentes, sustentables y resilientes. Es tiempo también de que los gobiernos pongamos esos derechos por encima de los intereses particulares y de grupos. Los costos políticos de acelerar esta transformación, debemos asumirlos todos.

Imagen de portada: Zona 30, Los Mochis, Sinaloa.

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