Expulsar a las mujeres de los sistemas de transporte púbico en México

Las mujeres representamos más del 50% de la población en México. La diversidad de roles que jugamos en la sociedad hace que nuestros movimientos por la ciudad sean multi-denstino, multi-propósito. Las mujeres en México tenemos participación en más del 50% del mercado laboral, sin embargo la inseguridad está afectando seriamente nuestros patrones de viaje y las decisiones que tomamos para salvaguardar nuestra vida y la de nuestra familia.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal del INEGI en 2015, 53% de la población camina a la escuela y 26% va en transporte público; el 24% camina y el 32% usa el transporte público para llegar a su trabajo. En promedio, las mujeres no movemos 10% más que los hombres ya sea caminando o en transporte público. Esto es importante porque el 64% de las personas usuarias nos sentimos más inseguras en el trayecto hacia y desde la parada de transporte público y dentro de los vehículos de transporte.

Sin embargo la planeación de la movilidad sigue haciéndose sin una perspectiva de género que considere las necesidades de viaje de la mitad de la población y del factor seguridad en la experiencia de viaje. Esto quiere decir que hacer planeación de la movilidad no puede seguir siendo el resultado de un número global de viajes origen a viajes destino, unidimensional, unidireccional, como si las personas fuéramos ovejas que nos movemos con el sólo propósito de llenar los autobuses y sacar el pago diario de un conductor o concesionario.

“La inseguridad afecta profundamente la movilidad de las mujeres” (CAF, 2017). De acuerdo al estudio “Ella se Mueve Segura”, más del 60% de las mujeres han vivido agresiones sexuales en los sistemas de transporte público en las principales ciudades latinoamericanas. En Buenos Aires la sensación de inseguridad la tienen el 78% de las mujeres; cerca del 60% de las mujeres en Quito preferirían viajar en otro modo de transporte y 89% de las mujeres en Santiago de Chile han experimentado acoso al viajar.

México no es la excepción. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. En el transporte público, las encuestas realizadas para la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2018, el 72% de las mujeres han tenido experiencias de acoso sexual en le transporte. La violencia y el acoso sexual a las mujeres en el espacio público y el transporte está tan normalizada que el 60% la población prefiere no actuar. Solo el 3% de ellas decide denunciar y el 13% considera que es normal, que no tiene importancia o que es culpa de la propia mujer que eso suceda.

Sin una perspectiva de género en la planeación del transporte, México perderá sus mejores clientes, las mujeres, sólo por el hecho de que no nos sentimos seguras al movernos de forma colectiva y sin seguridad.

Tan sólo en la encuesta realizada para la Zona Metropolitana de Guadalajara, el 23% de las mujeres que han vivido acoso o agresiones sexuales en el transporte ha decidido no volver a viajar, y el 18% de ellas prefiere cambiar su patrón un modo de viaje.

El problema va más allá de la incorporación de una perspectiva de género. México no es diferente a la experiencia de Quito, donde el transporte público es percibido como un espacio donde hay impunidad, permisividad y la violación a las normas (cualquiera de ellas) no tiene consecuencias, o sanciones sociales o legales. Esto lo vemos desde la operación del transporte, el respeto a las normas viales, las condiciones físicas de los vehículos, la falta de acceso a derechos básicos laborales de las personas conductoras, y por supuesto la seguridad de las personas usuarias. El transporte público como un servicio concesionado al cuál no puede aplicarse la ley.

¿Se está haciendo algo al respecto? Seguramente sí, pero llenar de colores los componentes del “hardware” del transporte no es la solución al problema. Ayuda a visibilizarlo, pero la transformación está en el “software”.

El empoderamiento ciudadano, aprender a ponerse en los zapatos de las demás, hacer sanciones sociales, desnaturalizarlo, lograr que las demandas sean de acceso fácil y sanciones legales sean eficientes, sensibilizar a todos los actores del sistema, y lograr que los sistemas de transporte vuelvan a ser espacios donde sabemos que la autoridad ejercerá el estado de derecho, es indispensable y no sólo ayuda a la movilidad de las mujeres, pero para todas las personas.

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