“El Estado nos ha fallado” dice Areli Carreón al presentar en el Senado la propuesta ciudadana para la Ley General de Seguridad Vial, una respuesta de la sociedad civil ante la falta de atención a las muertes viales en la agenda legislativa.
En México la violencia vial mata una persona cada 33 minutos. Representa haber perdido en 16 años la totalidad de la población de Los Mochis en Sinaloa, o de Gómez Palacio en Durango, de Uruapan en Michoacán, de la capital de Oaxaca, o de Pachuca en Hidalgo.
Estas personas no están en fosas, quedan tiradas en la calle, muchas veces con sus cuerpos hechos pedazos. Son muertes instantáneas, otras son agonizantes, las personas más afortunadas quedarán con alguna discapacidad, transformando vidas completas, cortando de tajo proyectos de vida, dividiendo familias.
Muchas de las personas responsables de esta violencia vial huyen, las que no saben que no serán procesados por homicidio, otras como #LordAudi amenazan a sus víctimas porque consideran que están coartando su derecho a la velocidad, al uso exclusivo y preferencial del espacio vial.
¡Aceptémoslo! a nuestra cultura vial le gusta la impunidad
Estos comportamientos se dan porque sabemos que la violencia vial goza de la más alta impunidad en el país, una que es aplaudida y votada en las propuestas de campaña que prometen mantenerla y ampliarla.
En México, facilitar esta impunidad es rentable políticamente, así se dan licencias de conducir gratis, se reduce el proceso burocrático de hacer un exámen de aptitudes, se condonan multas, y se castiga políticamente a quien se atreva a “dañar” la economía familiar de infractores a través de multas.
La violencia es parte de nuestra cultura vial que privilegia la velocidad sobre la seguridad, por eso se aplauden y se buscan los aplausos políticos con grandes “legados” de obra pública como pasos a desnivel, carreteras urbana de 6-8 carriles, puentes vehiculares, “que mejor instalen un puente peatonal, para que no tengamos que detenernos en un semáforo” exige la comunidad automovilista.
En el periodo de 2008-2017, México gastó del presupuesto federal 39 mil 248 millones de pesos en obras de infraestructura vial. El 97.4% del recurso aplicado a obras viales no consideró ningún criterio de seguridad vial o accesibilidad universal. Solo el 1.93% fueron destinados a conceptos de seguridad vial y 0.6% a accesibilidad universal. No nos hace falta dinero, necesitamos que el dinero que se invierte en vialidades se invierta para la movilidad SEGURA de las personas.
El estado nos ha fallado porque ha decidido ausentarse de su responsabilidad. Después de uno de los 370 mil accidentes que ocurren cada año en México, poco parece importar saber qué se debe cambiar en el diseño de una calle, en su operación, en el comportamiento de conductores para evitar que otra vida se pierda en el mismo lugar, por la misma causa.
Nuestra cultura vial y las instituciones públicas aceptan que las personas más vulnerables de la vía son culpables, se merecen ese destino y por lo tanto las muertes desaparecen, así como la prioridad de la política pública para proteger la vida.
La impunidad está mal vista hasta que te atreves a quitármela
También les molesta quienes se atreven a querer cambiarla, peatones, personas con discapacidad que quieren rampas por todos lados, y no hablemos de los y las ciclistas que nos quitan espacios con sus carriles exclusivos, siempre en mal estado, invadidos, e ignorados por toda clase de vehiculos.
Manu se atrevió a querer cambiar esta cultura y siendo funcionario de la movilidad fue asesinado por un conductor que invadió la ciclovía en la que Manu circulaba y que él mismo había promovido desde el activismo para salvaguardar la vida de las personas que usan la bicicleta en Puebla.
Con cada muerte exigimos más leyes y reglamentos porque las que tenemos son poco efectivas ya que muy poca gente les hace caso y nos frustra. Pero no son las leyes, somos las personas que formamos las instituciones, las que interpretamos el marco jurídico y decidimos (porque podemos) que tan flexible es nuestro estado de derecho, es decir, cual es el grado de libertinaje que nos permitimos aplicar a las leyes y los reglamentos.
La Ley de Seguridad Vial no es el primer paso, es el paso que sigue.
Comienza a construirse un clamor general para tener una Ley General de Seguridad Vial, que sin ella las muertes seguirán, que sin ella no podremos avanzar, que solo con ella el estado tendrá herramientas para frenar esta pandemia mundial. Creo que la expectativa que se crea no debe alejarse de la realidad, porque la desilusión y la frustración será aún mayor.
Avanzar con la Ley requiere que reconozcamos lo que hemos construido hasta hoy, reconocer nuestra realidad. Dónde estamos, en qué hemos avanzado, qué debemos reconocer como exitoso y apoyarlo, qué debemos reconstruir, qué debemos innovar. No estoy segura que el proyecto de Ley presentado esté reconociendo esta realidad, la nuestra, no la de las recomendaciones internacionales, si no lo que mexicanos y mexicanas convencidos de esta lucha por la vida hemos ido cambiando desde el sistema para hacerlo mejor.
La Ley mexicana por la Seguridad Vial debe cubrir los huecos, facilitar la interacción institucional, el mejor uso de los recursos, la asignación prioritaria de los mismos, porque una nueva ley no es el primer paso, es el paso que debe acelerar nuestro propio andar.
Tenemos aún espacio para la discusión y la propuesta. De lo que sí estoy segura es que la Ley de Seguridad Vial le fallará a Manu, a Monserrat y a todas las víctimas si no logra:
- Revertir la cultura de impunidad que hay en la operación de las vías.
- Acabar con la apatía de las autoridades en invertir en seguridad más que en la velocidad, como política pública.
- Establecer velocidades máximas permitidas en las ciudades, en las zonas donde hay mayor concentración de personas vulnerables en las vías.
- Obligar a que todas las inversiones públicas para la movilidad se hagan con criterios de diseño seguro, accesible; que demuestran efectivamente que se salvaguarda la vida de las personas.
- Dar herramientas para desmontar las redes de corrupción socialmente aceptada y oculta que hay en el otorgamiento de licencia de conducir.
- Fortalecer el diseño institucional que hoy existe, que está dando resultados y que necesita la vinculación y coordinación de todo el aparato gubernamental.
- Iniciar una cultura institucional hacia la evaluación constante, de nuestra política pública, de la infraestructura, la capacidad y operación de las vías, y las acciones políticas que hacen que erradiquemos la impunidad vial de nuestro ADN ciudadano.
- Sancionar a quien continúe impulsado la impunidad vial, las acciones de política pública que vayan en contra del derecho humano a la vida.
No todo lo anterior depende de una nueva Ley. Esta puede ayudar a que el camino que ya empezamos nos ayude a salvar vidas más rápido, pero no es responsabilidad de una Ley salvar vidas, es de las personas que las hacemos, las interpretamos, las implementamos.
Empecemos evaluando lo que tenemos, de lo contrario será otro instrumento jurídico que se suma a la lista de normas y leyes que decidimos, sin sanción, no implementar.
“No queremos más muertes viales” es un grito social cada vez más fuerte donde todas las personas encontramos un punto de encuentro común. No fallemos nosotros esta vez.
Gis Méndez 