Texto invitado de Miguel Elizalde, ANPACT para #AnatomíaDeLaMovilidad
El mundo atraviesa una serie de cambios estructurales impulsados por el continuo desarrollo de nuevas tecnologías que buscan ofrecer soluciones a problemas económicos, ambientales o incluso en el sector de los servicios. El sector transporte, y particularmente el transporte público, no es la excepción. Hoy día, las tecnologías desarrolladas por los productores de vehículos pesados ofrecen la posibilidad de tener un transporte más inclusivo, seguro y amigable con el medio ambiente, lo cual tiene un impacto directo en la calidad de vida de los usuarios y la población en general.
Como todo cambio estructural, contar con un transporte moderno a la altura de los requerimientos de los usuarios y las nuevas generaciones supone atender una serie de retos. El primero y quizá más importante de ellos consiste en reducir la edad de la flota de los camiones y autobuses que circulan por nuestras las carreteras, caminos y calles.
Actualmente, la edad promedio de la flota federal de pasaje es de más de 16 años, y 47% de la misma supera el límite de edad vehicular de 15 años. Esto quiere decir que casi la mitad de los viajes que se realizan en el país se llevan a cabo en unidades que no cuentan con la tecnología más avanzada en materia de seguridad y medioambiente, lo que sin duda afecta la experiencia final del usuario y la competitividad de algunos servicios que resultan básicos para la economía.
Existen varios factores que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar hay que mencionar la escasez de información estadística significativa sobre la flota vehicular a nivel estatal y/o municipal, lo que impide una evaluación completa de la situación, obstruyendo la consecuente implementación de políticas públicas para mitigar el incremento de la edad de la flota.
A ello se suma la importación de vehículos usados: por cada 100 vehículos nuevos que entran en circulación, 30 son vehículos usados importados de Estados Unidos con una edad promedio superior a los 16 años de antigüedad, que no presentan las mejores características físico-mecánicas o ambientales.
A este respecto hay que mencionar que, mientras que la normatividad (NOM-044- SEMARNAT) que se aplica a las unidades nuevas y regula la tecnología ambiental en los vehículos pesados, que deben de cumplir todos los autobuses del país que se comercializan como nuevos, continúa avanzando hacia un transporte más moderno. La normatividad aplicada a los vehículos en circulación ha permanecido estática sin ajustarse a las necesidades de las ciudades, lo que afecta al usuario, pero también a la demanda potencial de vehículos pesados de la que es capaz nuestra economía.
De manera cotidiana, los usuarios de transporte somos testigos de las consecuencias más perceptibles de estas discrepancias en la normatividad y sus efectos nocivos sobre la población. Dicho de otro modo, las condiciones estructurales para el autotransporte han retrasado la entrada de las tecnologías más amigables con el medio ambiente, por ejemplo, EPA07/EuroV o EPA10/EuroVI serán obligatorias en los próximos años, ya que la disponibilidad del diésel de ultra bajo azufre se ha retrasado hasta por 10 años en México.
De acuerdo con la NOM-016-CRE [1], el diésel de ultra bajo azufre, combustible que reduce considerablemente las emisiones contaminantes, deberá estar disponible en la totalidad del territorio a partir del primero de enero de 2019. No obstante, el muestreo realizado por Anpact, Canapat, Canacar y AMDA, nos permite concluir que, a seis meses de la fecha crítica, se registró un cumplimiento de 81%. En pocas palabras, por un lado, tenemos normativas que buscan garantizar la fabricación de camiones más limpios, pero por otro no contamos con los insumos para que dichos camiones funcionen de manera idónea, ni con lineamientos que incentiven la sustitución de unidades viejas por nuevas. La industria tiene la capacidad de satisfacer la demanda de dichos camiones, pero no existe una política pública que la impulse.
El reto principal para nuestro país consiste en implementar políticas públicas para contar con una flota vehicular moderna que sea segura, amigable con el medio ambiente y competitiva. Lo anterior aseguraría que los vehículos utilicen la tecnología para mejorar la seguridad vial, que cuiden la vida de las personas que transitan dentro y fuera de los vehículos, que hagan uso de las tecnologías de punta para reducir al máximo las emisiones, pero también que ofrezcan al usuario un servicio de calidad y a los transportistas un modelo de negocio competitivo
Una política de movilidad tiene que impulsara que las autoridades en la materia, implementen medidas más efectivas, tales como la NMX-D-317-IMNC-2018[2], esto es lineamientos que sirvan de guía para establecer características, especificaciones técnicas y de seguridad mínimas para unidades de transporte urbano de pasajeros, por ejemplo.
Asimismo, se debe impulsar la renovación de la flota a nivel nacional de manera estructural, para ello ANPACT, organización que tengo el honor de presidir, ha trabajado en una solución para la renovación del autotransporte, la cual atiende las necesidades nacionales de forma integral a través de 5 acciones:
- Estímulos verdes: Estímulos dirigidos a las tecnologías más modernas que impulsan los beneficios calculados por la normatividad más reciente.
- Financiamiento: Complementar la oferta de las financieras de marca a través de Nafin, Banobras y la Banca de Desarrollo, para así llegar a todos los segmentos de transportistas y tipos de autotransporte.
- Profesionalización: Capacitación, asesoría y desarrollo tecnológico que las micro y pequeñas empresas avancen hacia la formalización y aumenten su competitividad. El programa piloto que se hizo en CDMX – Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal (APAF) – debe ampliarse.
- Marco regulatorio: Impulsar con SCT, SE, SEMARNAT, SHCP y Autoridades Locales, un marco regulatorio que fomente la competitividad, profesionalización y modernización del sector.
- Supervisión normativa: Impulsar una verdadera supervisión del marco regulatorio para asegurar que las unidades cumplan efectivamente con su ciclo de vida sin poner en riesgo a la ciudadanía.
Impulsar los cambios tecnológicos y las oportunidades que estos nos brindan, requiere del concurso de la sociedad civil, la industria privada y las autoridades, para superar los retos que hoy nos lo impide. Sin lugar a dudas, el principal reto que enfrentamos hoy es la renovación de la flota, no obstante, dicho reto no sólo es un obstáculo, sino una oportunidad para sentar las bases de una política de movilidad nacional que ponga la experiencia del usuario como el centro de la política de transporte, una política pública que vaya más allá de las coyunturas y permita que mediante la tecnología y la innovación superemos retos con los que nos enfrentamos día con día, al salir de viaje o ir trabajar. Nunca es tarde para arrancar.
[1]La NOM-016-CRE-2016, publicada el 29 de agosto de 2016, tiene como objetivo establecer las especificaciones de calidad de los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro. Puede consultarse en https://www.gob.mx/cre/documentos/nom-016-cre-2016-especificaciones-de-calidad-de-los-petroliferos-134909?idiom=es
[2]Norma Mexicana denominada “Transporte de Pasajeros-Características, especificaciones técnicas y de seguridad para unidades de transporte urbano de pasajeros”, entró en vigor el 8 de mayo de 2018. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521811&fecha=08/05/2018
Autor: Miguel Elizalde · @miguelelizaldel
Del libro “Anatomía de la Movilidad en México”
Capítulo 3. Políticas de movilidad: entre el derecho a la ciudad y la transformación de un país. La voz a la ciudadanía
Gis Méndez 