Texto invitado de Areli Carreón, de Bicitekas para #AnatomíaDeLaMovilidad
México, al igual que muchos otros países, se enfrenta al desafío de mantener la viabilidad y mejorar la calidad de la vida urbana en zonas metropolitanas que hoy en día parecen condenadas a la exclusión y la inequidad, víctimas de la congestión, la contaminación y la expansión urbana. La priorización que se ha dado a los vehículos automotores sobre los sistemas de transporte público, los espacios públicos y peatonales ha construido ciudades poco saludables, competitivas, y agresivas y excluyentes para quienes no pueden costear el uso de un vehículo privado, que en México es alrededor de 60 por ciento de la población.
Cambiar las prioridades y comenzar a invertir en la construcción de espacios incluyentes, más saludables, seguros y agradables para todos, con sistemas integrados de transporte parece una medida obvia pero que está costando mucho trabajo lograr. Existen grandes barreras culturales, administrativas y conflictos de interés que obstaculizan estas transformaciones. La dimensión del cambio necesario es tan grande, toma tanto tiempo, ocurre a tan baja velocidad y con tal dificultad que parece un desafío inconquistable. Y sin embargo, las ciudades mexicanas están cambiando.
En el caso de éxito de la Ciudad de México, es importante resaltar la importancia del trabajo cívico para lograr pequeños cambios que le han permitido a esta gran ciudad mantener su constante proceso de transformación y adaptación, al tiempo que han posibilitado cambios más importantes como la introducción de sistemas de bicicleta pública, la construcción de ciclovías, biciestacionamientos y otras facilidades y servicios que no habían existido en el pasado no motorizado peatonal de la ciudad.
La demanda de espacios para la bicicleta y la reivindicación del derecho a elegirla como modo de transporte sostenible y saludable, ha creado una ciudadanía de un nuevo tipo, que una investigación ha nombrado «Ciudadanía experta» (1) que se caracteriza por acompañar herramientas típicas de la sociedad como manifestaciones, actividades públicas y denuncias mediáticas con formas de participación ciudadana más complejas como la elaboración de propuestas técnicamente sólidas, redes de colaboración por proyecto y diversos experimentos sociales autogestivos que han permitido un alto nivel de incidencia en las políticas públicas relativas a la movilidad urbana. Este ejercicio de ciudadanía ha persistido en la Ciudad de México por veinte años, ampliando la diversidad de personas y actores sociales involucrados en la construcción de alternativas urbanas de movilidad, con resultados positivos como la modificación de la Ley de Movilidad en 2014, la construcción del primer reglamento de tránsito enfocado en la seguridad vial de la ciudad, en vigor desde 2015, la introducción de sistemas de bicicleta pública en 2011 y la construcción de 187 kilómetros de ciclovías y cuatro biciestacionamientos masivos y semimasivos desde 2007, que en conjunto han producido el aumento del uso de la bicicleta como modo de transporte pasando de un uno por ciento de los viajes urbanos a cerca de tres por ciento en CDMX (EOD, 2017).
l proceso de deliberación, organización y acción para promover el uso de la bicicleta ha construido capacidades excepcionales dentro de la ciudadanía para el reclamo y ejercicio pleno de sus derechos, particularmente entre jóvenes hombres y mujeres. El uso de la bicicleta y el contacto cotidiano con la ciudad y los ciudadanos ha creado en miles de jóvenes la urgencia por comprender e incidir en las leyes, los
procesos de toma de decisiones, la construcción de espacios urbanos, la revisión de costo, calidad y nivel de servicio de los sistemas de movilidad; así como la lógica del debate político en medios de comunicación, redes sociales, foros académicos y cívicos. Esta ciudadanía empoderada no se ha detenido aquí: ha creado sus propias instituciones, medios de comunicación, plataformas de difusión, esfuerzos de capacitación e incidencia política y procesos de autofinanciamiento, con una diversidad de estrategias prácticamente imposible de enumerar. El proceso creativo de esta ciudadanía experta acaba de comenzar y es probable que aún veamos muchas innovaciones en sus estrategias y propuestas.
La potencia de esta ciudadanía se ha conjugado con un nuevo tipo de servidor público: el funcionario «activista». Este nuevo tipo de funcionario público también suele ser joven, y muchas veces ha adquirido experiencia de trabajo desde movimientos sociales, sirviendo en organizaciones civiles del tercer sector, como investigador académico o fungiendo como consultor o empleado en la iniciativa privada. Este servidor público tiene mejores herramientas de comunicación con el público, es más empático a las demandas cívicas expresadas en las redes sociales y conoce mejor las dinámicas de toma de decisiones y acción de la sociedad civil. Muchas veces se trata de servidores públicos con un profundo compromiso con este tema, ya que son ellos mismos peatones, usuarios de la bicicleta y del transporte público. Estos servidores públicos toman cursos especializados, realizan viajes de estudio a otras ciudades y participan en redes locales, nacionales e internacionales de autoridades, investigadores y tomadores de decisiones en constante intercambio de información, buenas prácticas, datos e inspiración para impulsar el proceso de transformación urbana en sus ciudades.
La emergencia de estos dos tipos de actores sociales con sus peculiares características ha creado la oportunidad para el nacimiento de una nueva relación entre gobernantes y gobernados: más horizontal, colaborativa y colectiva que las formas jerárquicas, competitivas y unipersonales del pasado. Ese trabajo en equipo ha comprobado ser eficiente para transformar entornos urbanos, creando cambios pequeños que posibilitan cambios mayores y que abren diálogos y oportunidades para acelerar la adaptación y la transformación técnica, económica y cultural que hace posible el rediseño tanto de la infraestructura urbana como de las instituciones que rigen la ciudad. Contrario a lo que sucede en otras reivindicaciones sociales, la diversidad de actores, puntos de vista e intervención lejos de dividir, multiplican la participación, atención, influencia y capacidad de las personas para participar en esta transformación urbana.
Este trabajo en equipo no está libre de conflictos, principalmente porque a pesar de sus evidentes resultados no existen espacios institucionalizados para la deliberación, debate y construcción colaborativa, con agendas y debates públicos, rendición de cuentas y evaluación de indicadores y metas, lo que deja a la buena voluntad, el compromiso personal y el talento colectivo, la coordinación de agendas, la definición de prioridades y la toma de decisiones.
En los años por venir probablemente veamos el surgimiento de mesas de trabajo, redes, coaliciones y espacios de debate institucionalizados y profesionalizados con la participación tanto de sociedad civil como de servidores públicos para la transformación urbana. ¿Será este el caldo de cultivo para la construcción no sólo de ciudades más incluyentes, equitativas y sostenibles, sino también de una democracia más abierta y participativa, para los siglos por venir?
(1) Óscar Sosa López y Carlos Montero «Expert-Citizens: Producing and Contesting Sustainable Mobility Policy in Mexican Cities» de en Journal of Transport Geography, volumen 67, febrero 2018, p. 137-144
Autor: Areli Carreón · @Arelibiciteka
Del libro “Anatomía de la Movilidad en México”
Capítulo 3. Políticas de movilidad: entre el derecho a la ciudad y la transformación de un país. La voz a la ciudadanía
Gis Méndez 