Texto invitado de Amado Crotte, BID para #AnatomíaDeLaMovilidad
Salvo contadas excepciones, el transporte público a nivel urbano en México se caracteriza por excesivos tiempos de viaje, flota vehicular antigua, ser contaminante y estar en condiciones de mantenimiento deplorables, manejado por choferes que exceden los límites de velocidad, compiten por el pasaje, y que en ocasiones conducen en estado de ebriedad, además de una limitada o casi inexistente infraestructura de parabuses y carriles confinados, falta de información sobre rutas y frecuencias, y falta de integración física, tarifaria y operativa entre rutas y sistemas, lo que resulta en una trágica experiencia de viaje para los usuarios.
Aún así, en México 75% de los viajes a la escuela y 69% de los viajes al trabajo se realizan en transporte público, o por medio de caminata o bicicleta. En su conjunto, estos tres modos de transporte reciben apenas el 20% del gasto federal en infraestructura para transporte en zonas metropolitanas, mientras que el resto es destinado al vehículo particular (ITDP, 201615).
Aunque la Constitución otorga a los gobiernos municipales la responsabilidad del transporte urbano, estos no cuentan con la capacidad institucional (recursos financieros y humanos) para promover sistemas de transporte eficientes, seguros, modernos y sostenibles ambientalmente. Frente a esta situación, el gobierno federal creó el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram), en busca de reducir las brechas de infraestructura de transporte urbano. Sin embargo, a más de 10 años de su creación, este mecanismo de financiamiento federal para promover el desarrollo de sistemas de transporte público ha sido un rotundo fracaso, con apenas 15 proyectos implementados en un país con más de 120 millones de habitantes. Diez años después, el transporte público sigue siendo un mal necesario para quienes no tienen otra alternativa que padecer la falta de interés y de inversión destinados desde la federación.
México vive hoy una oportunidad histórica para transformar la forma en que nos movemos en la escala urbana. Es momento de alinear las políticas de transporte y desarrollo urbano a nivel nacional, de destinar recursos para la movilidad asociados con el tamaño de las necesidades, de diseñar mecanismos eficaces de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y de pensar a la movilidad no sólo como corredores aislados de transporte público, sino como una política integral que incluya los modos no motorizados, promueva la seguridad vial, y considere al ciudadano en la toma de decisiones.
La Sedatu está invitada a asumir este papel, con mejores herramientas y mecanismos de coordinación con los gobiernos locales, con mayores recursos y con personal capacitado y comprometido con México, si en verdad queremos transformar la forma en que nos movemos en nuestras ciudades.
Autor: Amado Crotte · @AmadoCrotte
Del libro “Anatomía de la Movilidad en México”
Capítulo 3. Políticas de movilidad: entre el derecho a la ciudad y la transformación de un país. La voz a la ciudadanía
Gis Méndez 