Texto invitado de Fernando Páez, WRI México para #AnatomíaDeLaMovilidad
Segunda parte
Propuestas para avanzar en una política de movilidad más efectiva
Antes de hablar de propuestas, es necesario considerar que la naturaleza de este servicio, si bien tiene un gran componente técnico, no puede estar ajeno al contexto político, por lo que cualquier propuesta debe considerar estos dos elementos. Asimismo, es importante tener en cuenta los recursos para inversión en movilidad y que se debe contar con criterios de priorización para definir en qué y dónde invertir, en función de superar problemas de pobreza, exclusión, contaminación ambiental, accesibilidad y seguridad vial; es decir, garantizar el derecho a una movilidad sustentable.
1. Formulación de una política nacional de movilidad sostenible
Es necesario definir y generar un marco de política nacional que establezca la movilidad como un factor determinante en los procesos de planeación de las ciudades. La política debe formular los lineamientos para la gestión integral de la movilidad sostenible y estructurar sistemas de movilidad acordes con el desarrollo sostenible de las ciudades. Esta política debe permitir:
- Avanzar en la definición de las competencias del nivel federal, estatal y local, en el marco de las disposiciones constitucionales y legales.
- Fortalecer la capacidad institucional en estados y municipios para la planeación y ejecución coordinada de proyectos de movilidad articulados con ordenamiento territorial.
- Formular medidas prácticas que aporten a la disminución de vehículos en las calles, promover la movilidad activa como la bicicleta y la caminata, y transformar los sistemas de transporte público.
- Promover la formulación de instrumentos de planeación y gestión en movilidad sostenible que se articulen con los lineamientos de ordenamiento del territorio.
2. Coordinación metropolitana
Es clave lograr armonía y coherencia entre los proyectos del sistema de movilidad de las ciudades con los de otros entes territoriales, sobre todo en los municipios conurbados. Esto implica establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan, en el nivel metropolitano, integrar la política de movilidad sustentable con los sectores de vivienda, urbanismo, medio ambiente y energía, de acuerdo con la visión integral que se define la Política Nacional de Movilidad Sostenible. Una de las herramientas para hacer esto posible es la formulación de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable para las áreas metropolitanas, los cuales se deben desarrollar considerando los lineamientos que para tal fin emita la Sedatu.
3. Planeación integral
La planeación debe ser una actividad continua que garantice la formulación, aprobación ejecución y evaluación de los proyectos de movilidad. Estos planes deben ser el instrumento para gestionar la movilidad sustentable. Para hacer realidad la planeación, se deben establecer mecanismos que permitan valorar las prioridades de ejecución en función de las necesidades de los habitantes, del contexto urbano, regional y económico. En este sentido, es fundamental que los procesos de planeación de la movilidad estén basados en marcos que determinen con claridad sus propósitos y los elementos de integración y balance con el ordenamiento territorial, en fases para su implementación y los componentes estratégicos para su aplicación.
4. Claridad en las competencias y capacidad técnica y de gestión de los gobiernos
La intervención de las autoridades en la gestión del sistema de movilidad es esencial para garantizar el correcto ejercicio del derecho a la movilidad. Éstas deben tener claras competencias asignadas y ejercidas bajo criterios de concurrencia y complementariedad. Esta asignación de competencias permitirá una mejora en la toma de decisiones sobre la priorización de las inversiones, los estudios necesarios, el uso de los recursos y los adecuados procesos de implantación y seguimiento de proyectos.
Los marcos normativos en el nivel federal y local deben revisarse y actualizarse en concordancia con la política nacional de movilidad y considerando la experiencia que se ha logrado compilar a partir de los avances institucionales y en el desarrollo de proyectos de los últimos años. Esta revisión normativa debe tener la premisa de contar con procesos institucionales ágiles, pero que garanticen rigor en la toma de decisiones y en la priorización y uso de los recursos.
Derivado de lo anterior, se debe exigir que las dependencias a las que se asignen las competencias en materia de movilidad sustentable, a nivel estatal y municipal, expidan herramientas técnicas (manuales, reglamentos) que guíen de manera más eficiente la gestión y que faciliten el seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas.
A nivel federal establecer una institución federal, como figura rectora para la movilidad sustentable que, respetando la autonomía de las entidades, permita integrar y fortalecer el marco jurídico y normativo, establecer políticas, procesos y esquemas de articulación entre municipios, estados y el gobierno federal, así como detonar procesos de planeación eficientes, acelerando la transformación del transporte en las ciudades.
En el nivel local, se deben crear las instancias gestoras de la planeación, operación y control de los servicios de transporte que cuente con el respaldo político y la fortaleza técnica para llevar a cabo los proyectos con calidad técnica, y con los elementos jurídicos y financieros que garanticen su sostenibilidad.
La creación de programas para el fortalecimiento de la capacidad técnica es una acción necesaria para la ejecución de la planeación, formulación y ejecución de políticas públicas. En este aspecto se deben facilitar los escenarios para compartir los aprendizajes, retos y fallas en desarrollo de los proyectos.
5. Continuidad de los proyectos
Con el fin de asegurar la ejecución real de planes. Programas y proyectos de movilidad urbana, las autoridades deben asegurar su implementación más allá de los cambios de administración. La proyección a futuro de las ciudades es un compromiso que trasciende periodos de gobierno, por esta razón, se debe establecer normativamente la obligación de los gobiernos de dar continuidad a la implantación de las políticas y proyectos de movilidad sostenible establecidos en los planes de movilidad, siempre en concordancia con las políticas y planes de desarrollo urbano y considerando el cumplimiento de metas concretas en diferentes horizontes de tiempo.
La continuidad de los proyectos tiene un impacto en el compromiso y la apropiación por parte de los ciudadanos, dado que se identifican con los objetivos y pueden sentirse en parte vinculante de su concreción.
6. Viabilidad y sostenibilidad financiera
Las estrategias, programas y proyectos de movilidad sustentable deben tener factibilidad técnica y financiera en concordancia con los planes, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas; ello implica considerar la capacidad de la administración para su ejecución.
Se deben establecer los mecanismos para expedir conceptos de viabilidad de los proyectos que además de revisar la pertinencia y consistencia técnica cuente con las proyecciones sobre las fuentes de financiamiento, así como las proyecciones de ingresos y gastos que garanticen su sostenibilidad financiera. Solamente de esta forma se logrará una optimización de los recursos destinados a los proyectos para una relación costo-beneficio positiva.
7. Fortalecimiento y continuidad del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo
Es urgente evaluar el impacto del Protram, revisar su funcionamiento y mejorar los mecanismos que permitan al gobierno federal dar continuidad al cofinanciar sistemas de transporte público urbano, pero con una visión mucho más amplia hacia proyectos de movilidad.
Lo anterior implica fortalecer los requisitos para acceder a los recursos que ofrezca el programa y garantizar por lo menos que los proyectos a financiar se incluyan en los planes de movilidad urbana sustentable y que sean concordantes con el plan de desarrollo urbano; que cuenten con la estructuración técnica, legal y financiera a un nivel de detalle; que los proyectos prevean los recursos para la intervención de otros sistemas de la ciudad que se vean impactadas por el desarrollo del proyecto como son las redes de servicios públicos.
Por otra parte, que los proyectos que sean objeto de apoyo sean relevantes para atender y atraer la demanda hacia medios de transporte sostenibles, infraestructura que facilite los viajes en bicicleta, espacio público que facilite los viajes a pie, infraestructura dedicada a la intermodalidad, incorporación de auditorías de seguridad vial, y los estudios de relación costo-beneficio.
Ampliar el programa actual para incluir otros municipios con población inferior a 500,000 habitantes y que se consideren variables socioeconómicas, de transporte y desempeño fiscal de los estados.
Por último, se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación antes, durante y después de la implementación de los proyectos. Lo anterior implica que los beneficiarios de los apoyos deben entregar los informes que den cuenta del desarrollo de los proyectos y que estos tengan el carácter de información pública para que puedan ser consultados por los diferentes actores públicos y privados interesados.
8. Participación y corresponsabilidad social
Las autoridades deben garantizar procedimientos efectivos de participación ciudadana para la toma de decisiones asociadas con la movilidad, basándose en soluciones colectivas que resuelvan los desplazamientos de toda la población y que promuevan nuevos hábitos de movilidad a través de todas las aportaciones de los actores públicos.
Autor: Fernando Páez Mendieta · @FerPaezWRI
Del libro “Anatomía de la Movilidad en México”
Capítulo 3. Políticas de movilidad: entre el derecho a la ciudad y la transformación de un país. La voz a la ciudadanía
Gis Méndez 